Fortalecer la cultura política desde la fiscalización
Claudia Domínguez
Entrevista con la Mtra. Mariana Sánchez Pérez, Directora Ejecutiva de la Unidad Técnica de Fiscalización del Órgano Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV).
Claudia Domínguez
Entrevista con la Mtra. Mariana Sánchez Pérez, Directora Ejecutiva de la Unidad Técnica de Fiscalización del Órgano Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV).
Mariana Sánchez Pérez es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos y el Diplomado denominado Fiscalización con Perspectiva de Género.
Fue Jefa del Departamento de Análisis Institucional en el otrora Instituto Federal Electoral y Jefa del Departamento de Modernización Institucional en el Instituto Nacional Electoral. Se ha desempeñado como docente y es coautora de las publicaciones Análisis Comparativo de la Reforma Electoral, Constitucional y Legal, 2007-2008, El sistema de cómputo de votos en elecciones federales y El Compromiso de ejercer el gasto para el liderazgo político de las mujeres y es asociada del Instituto Nacional de Administración Pública A.C.
De 2015 a la fecha, se ha desempeñado como Jefa de Asesores en el OPLEV y actualmente es directora de la Unidad Técnica de Fiscalización de dicho órgano. En la siguiente conversación la finalidad fue la de reunir dos circunstancias: la pertinencia del tema de la fiscalización electoral, de cara a las próximas elecciones de 1 de julio de 2018, y la temática central de nuestra publicación: la fiscalización de cuentas públicas.
¿En qué consiste la labor de la Unidad Técnica de Fiscalización del OPLEV?
La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) es un órgano que responde a la estructura del propio Órgano Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV), el cual es un colegiado que organiza sus trabajos en comisiones, dicha unidad participa en la Comisión Especial de Fiscalización y en la Comisión de Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos.
En el tema de fiscalización hay dos sujetos obligados:
Las Asociaciones Políticas Estatales (APES) que difunden la cultura democrática, éstas reciben recursos públicos y privados que debemos revisar. Actualmente tenemos once asociaciones que cuentan con registro, y en la UTF revisamos sus informes, realizamos visitas de verificación de sus actividades para corroborar los gastos y las condiciones de dignidad de sus eventos.
Estamos hablando de que las asociaciones hacen capacitaciones y eventos de difusión donde la ciudadanía accede al derecho humano de información, por ello, verificamos condiciones de accesibilidad e infraestructura.
En promedio, las APES llevan a cabo más de 5 actividades al año. En 2017 verificamos 47 de 64 eventos realizados, esto es una cobertura de 73.43%. No estamos obligados a cubrir 100% de sus actividades, sin embargo lo intentamos. Hemos observado que estas asociaciones privilegian la organización de eventos en el centro del estado
Dichas actividades se desarrollaron en los municipios de Veracruz, Boca del Río, Xalapa, Córdoba, Huatusco, Tlalixcoyan, Jilotepec, Zongolica, Coatepec, Ayahualulco, Tlalnelhuayocan, Tierra Blanca, Naolinco, Altotonga, Jalacingo, Misantla, Teocelo, Paso de Ovejas, La Antigua, Perote, Ixtaczoquitlán.
Las APES son organizaciones políticas, pero no tienen las mismas dimensiones que un partido político en términos de cantidad de afiliados ni tienen el mismo financiamiento, pero son formas muy importantes de participación ciudadana, podría decirse que son formas que hemos heredado del sistema político mexicano porque antes para constituir un partido se tenía que pasar por el trámite de conformar previamente una asociación política. Actualmente ese requerimiento quedó atrás, aunque la figura de asociación política sigue vigente. De hecho, somos el estado de la república que tiene más APES.
La función de la UTF es supervisar a esas asociaciones en el tema de rendición de cuentas, fortalecer su cultura de la legalidad y verificar sus actividades de promoción de la cultura política y democrática porque en ellas la ciudadanía ejerce su derecho de estar informada, por ello verificamos las condiciones de dignidad de los inmuebles y de accesibilidad. Y actualmente estamos invitando a las APES a que cubran todo el territorio veracruzano y no sólo al centro del estado.
El segundo sujeto de la fiscalización son las Organizaciones de Observación Electoral, las cuales verifican actos preparatorios y jornada electoral. Éstas, también pueden recibir recursos y deben presentar una rendición de cuentas.
La segunda comisión en la que participa la UTF es la Comisión de Medios de Comunicación y Monitoreo a los Medios Informativos. Nosotros llevamos el tema del monitoreo y en el INE se hace así.
Hay dos tipos de monitoreo:
El que permite verificar la equidad en la contienda electoral, esto es, ver que los diferentes actores políticos están en los diferentes medios impresos, electrónicos, o bien en las calles, como en los parabuses y espectaculares. Esta labor no es vinculante, nuestra labor es de observar, de transparentar, para ello hacemos un informe semanal en donde se reporta cuáles son los actores que tienen presencia y en dónde están.
Además, en este proceso electoral se brinda el apoyo operativo al Instituto Nacional Electoral (INE), especialmente en las actividades que corresponden al monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en la vía pública que promuevan a los precandidatos y candidatos postulados por los partidos políticos, coaliciones o aspirantes y candidatos independientes.
Para ello hacemos recorridos en campo por todo el territorio del estado y en esta labor sí hay un ejercicio de facultad de comprobación, en ello vamos a coadyuvar con el INE porque éste va a recibir los informes de los partidos políticos y se va a cotejar con los reportes que nosotros hagamos. En ese monitoreo nosotros tomamos un testigo con un dispositivo móvil que identifica la hora, la fecha, las coordenadas geográficas de dónde se ubicó la propaganda y levantamos un acta de verificación al final de la actuación en la cual nos acompañan los partidos políticos y ellos deben firmar que estuvieron presentes en el recorrido y levantamiento de esos testigos.
Para su operación, la difusión de sus propuestas y de sus candidatos, ¿cómo se allegan de recursos económicos los partidos políticos?
En México el financiamiento fundamental de los partidos políticos es público, el porcentaje de asignaciones es diferente para cada partido y se determina por fórmulas establecidas por ley para cada elección.
También pueden contar con financiamiento privado que corresponde a aportaciones de militantes, autofinanciamiento, rendimientos financieros y aportaciones de simpatizantes. Lo que ya no está permitido son las colectas.
El financiamiento privado puede ser en efectivo o en especie, está restringido a ciertos montos y debe estar identificado, no cualquier persona puede aportar de manera recurrente.
¿Ese financiamiento funciona del mismo modo para las coaliciones y candidatos independientes?
Ésa es un área de oportunidad para México como democracia. Una democracia sólida debe tener acceso a los cargos públicos y el financiamiento es una forma.
Las candidaturas independientes reciben financiamiento público para sus gastos de campaña, el cual, se le asignará como si fuera un partido político de nuevo registro. Ahora bien, pueden recibir financiamiento privado, constituido por las aportaciones que el propio candidato realice, así como la de los simpatizantes.
No podrán solicitar créditos de la banca de desarrollo ni aportaciones de personas no identificadas.
¿Cuáles son las fuentes de financiamiento no permitidas?
No pueden recibir apoyo económico que provenga del extranjero o de ministros de culto, así como de asociaciones y organizaciones religiosas. Además, no podrán recibir aportaciones de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ayuntamientos, dependencias de la administración pública federal, estatal o municipal, los organismos autónomos de las tres órdenes de gobierno, los organismos internacionales ni de las personas morales.
¿Cómo se controla el gasto de los partidos?
La revisión de los informes, la realización de auditorías acerca del uso de los recursos, de la contabilidad y de la situación financiera de los partidos, está a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Instituto Nacional Electoral, la cual se encuentra supervisada por la Comisión de Fiscalización.
Con la reforma electoral no todos los OPLES tienen su Unidad de Fiscalización ni todos los estados tienen Asociaciones Políticas. El INE es el encargado de este control del gasto, nosotros estamos como apoyo operativo.
La UTF ha crecido mucho en los últimos años, se ha hecho de buenas prácticas que provienen de otras autoridades fiscalizadoras. Al principio, la Unidad de fiscalización no existía como tal, sino que era un área dentro de la Dirección de Prerrogativas, posteriormente tuvo autonomía de gestión y a partir de ahí se empezó a crear el reglamento de fiscalización el cual no sólo se refiere a lo que el partido o la candidatura declara sino que además hace uso de facultades de comprobación, y emplea diversos elementos de auditoría para comprobar el uso de los recursos. Existe además el Sistema Integral de Fiscalización que permite hacer la fiscalización en tiempo real.
¿En función de qué se establecen los topes de gastos?
Para todo esto hay fórmulas, el sistema electoral mexicano con base a lo que la Constitución mandata, posee principios rectores como son la certeza y la legalidad, en ese sentido hay seguridad jurídica. Todos los actores saben cómo se les va a calcular, no es de que un día se establezca una forma y luego arbitrariamente otra. Y esto se hace en proporción a la votación recibida.
Por ejemplo:
Para la Presidencia de la República, el tope máximo de gastos de campaña es el equivalente al 20% del financiamiento público de campaña establecido para todos los partidos políticos en el año de la elección de la cual se trate. En este proceso electoral, es de $429,633,325.00 según lo indica el Acuerdo INE/CG505/2017 aprobado el 30 de octubre de 2017.
En el caso de las diputaciones federales por el principio de mayoría relativa será
la cantidad que resulte de dividir el tope de gasto de campaña entre 300. Para estas elecciones el monto fijado como tope de gastos de campaña es de $1’432,111.00 según el Acuerdo INE/CG505/2017 aprobado el 30 de octubre de 2017.
Con respecto a las senadurías por el principio de mayoría relativa, el tope máximo será la cantidad que resulte de multiplicar la suma del tope de gasto de campaña para la elección de diputados por el número de distritos que comprenda la entidad de que se trate. En ningún caso el número de distritos que se considerará será mayor de veinte. En Veracruz dicho tope es de $28,642,220.00 según el Acuerdo INE/CG505/2017 aprobado el 30 de octubre de 2017.
Los topes de campaña para las diputaciones locales por el principio de mayoría relativa se llevan a cabo tomando en cuenta:
¿En qué pueden gastar los partidos y en qué no les está permitido hacerlo?
Los gastos de campaña comprenden:
No pueden gastar en:
Actos de campaña electoral en el extranjero. Además, tienen prohibido entregar cualquier tipo de material en el que se ofrezca o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o en efectivo.
¿Hay fechas para el ejercicio del gasto?
Estas son las fechas establecidas:
¿Cuáles son las sanciones?
Las sanciones no son un mecanismo inhibidor de la conducta, a la autoridad lo que le interesa es el cumplimiento de la legalidad, por eso trabajamos intensamente en las asesorías.
Las sanciones de fiscalización son materia del INE y van desde:
A las Asociaciones Políticas Estatales se les sanciona de la siguiente forma:
A los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular:
Se observa una tendencia hacia las auditorías preventivas, de seguimiento y orientación en la aplicación del gasto, ¿sucede algo similar en lo respectivo a la fiscalización electoral?
En la UTF revisamos fundamentalmente la legalidad del financiamiento y nuestra actividad se centra en la prevención, podría decir que ése es 80% de nuestra labor. Todo el año trabajamos en eso. La prevención inicia desde el primer día que regresamos en enero, comenzamos con un oficio para todos los sujetos obligados en el que les recordamos de todo que tienen que cumplir en el año, con una relación de todos los informes y los avisos que deben entregar a la autoridad y mandamos alertas de vencimiento de entrega de reportes. Con ello buscamos que las APES entreguen en tiempo y en forma.
Asimismo en el tema de la comprobación, si notamos que ésta no cumple con algunos de los requisitos de la autoridad, lo observamos en requerimientos. Nosotros tenemos programadas por lo menos 42 asesorías al año, como mínimo, porque acompañamos a las Asociaciones Políticas desde la elaboración de su programa anual de trabajo, para que éste se elabore con base a lo que está permitido, no esperamos hasta recibir el programa para hacerles notar cuestiones no permitidas, también si observamos que algo de la comprobación no está bien solicitamos la corrección y eso se hace desde el ejercicio fiscal presente porque ya en ejercicios fiscales posteriores es imposible subsanar la incorrección. Trabajamos un poco como lo hace el Servicio de Administración Tributaria, tenemos mesas de ayuda para las asociaciones políticas que requieran asesoría o que no tengan personal capacitado para orientarlos.
La materia de la fiscalización es técnica y especializada y al tener estas características pues a algunas APES les puede costar trabajo y para eso colaboramos con ellas todo el tiempo y ofrecemos capacitaciones personalizadas en materia legal y contable, lo cual supone un gran esfuerzo institucional.